Police Forces in Public Schools? Plans to Reduce Violence in Schools

    As the issue of youth violence and gangs continues to escalate in El Salvador officials are forced to focus their attention on preventative measures.
   El Salvador's National Education Council consulted the public on ways to counter youth violence. The public's response? Public School Police Force. The idea is that a special police force would be created a part from the National Police as the public was not able to define what role the PSPF would have outside of schools. This PSPF would attend special training on human rights and would "work according to the reality of the school and not stigmatize young people" (El Mundo). Unfortunately, the results of a consensus show that the likeliness of a policy being created in favor of this recommendation is obsolete.
   Another recommendation presented to counter the violence, is to not change what happens in schools, but to change what happens outside of schools to replicate school public safety. And in addition to this, it is suggested that agreements be made with private companies to provide work to the youth through internships and part-time jobs.
   The Ministry of Education has responded saying it will continue its efforts to reduce violence in schools. But for now, it will continue to be through the monitoring and control of teachers and principals.

One Week into 2012 and Deportation Numbers are Already Climbing

     It hadn't even been a full week into 2012 when El Mundo reported that the numbers of Salvadorans begin deported from the United States is escalating.
    Last Thursday a flight arrived in San Salvador with 114 illegal immigrants on board being returned to the Salvadoran immigration authorities. According to authorities this is the third flight of the week. The previous two had 80 and 60 reported illegal immigrants. Authorities report that the total number of deportees returned to El Salvador in 2011 was 25,845. With 260 deported in less than the first week of the year, 2012's numbers are projected to rival and possibly surpass last years.
     The immigration report also states that of these 260, 97 are reported criminals, having committed a crime of drug trafficking, illegal possession of firearms, domestic violence, sexual assault, and or belonging to a gang in the United States. Welcoming these criminals back into their country, where the same acts could possibly be committed, concerns the Salvadoran authorities that are already battling staggering homicide rates and gang involvement.
    In order to help address this area of concern, the Salvadoran government provides a 'Welcome Home' shelter in San Salvador where their returning citizens (both with and without the criminal record) can receive counseling, food and medical care. In addition to this, the government also provides money for bus fare so that they may return to the city or village that they came from. The expectation of the Salvadoran government is that by providing these services the illegal immigrants will return "home" and not become a repeat offender. This unfortunately, as anyone can see, is wishful thinking by only putting a band-aid on a deeply infected wound. Assisting in the return process does not change the essential reasons behind why so many Salvadorans left El Salvador illegally in the first place. And the majority of these reasons are put on the back burner as the government attempts to tackle one issue at a time starting with the high crime and homicide rate.
    In fact, the previous Director of Immigration requested that the United States slow down on the deportation. And that the U.S. provide a criminal record in advance to the deportation, especially of those who have committed serious crimes so that the Salvadoran authorities can track and monitor them more effectively, rather than letting them roam free in E.S. -free to commit the same crimes.
    With only one week into 2012, the issue of immigration and deportation does not look to bright for Salvadorans. There are, thankfully, almost a full 12 months to create change and turn this unfavorable situation around.

The Final Part of the Mozote Massacre Documentary

Capítulo 8. Las despedidas

Pedro Chicas está sentado en una banca y se siente humillado. Durante 20 años ha liderado en la fase judicial las peticiones de justicia para las víctimas de la masacre, y le enoja presentir que se acerca la hora para que él claudique. A Pedro Chicas se le está acabando el tiempo.

Pedro Chicas está sentado en una banca de su casa, dispuesto a dar su testimonio, pero no lo puede dar. Un cáncer en la garganta le ha ido cortando el habla poco a poco, y ahora apenas y puede pronunciar monosílabos. 

Los viejos ya están viejos, y no faltará mucho para que guarden silencio y dejen de contar sus historias para siempre. Rufina Amaya falleció hace cuatro años, el 20 de mayo de 2007, sin ver justicia.

Los viejos ya están viejos, y delgados. Juan Bautista, Sotero Guevara, Antonio Pereira y Pedro Chicas han perdido los músculos, y ahora son piel que se pega cada vez más a sus huesos. 

Pedro Chicas se frota las manos, ladea la cara, carraspea, mientras una muchacha lee un papel y dice que su nombre es Pedro Chicas, y que lo que tiene que contar es que el 10 de diciembre… Pero la muchacha no es Pedro Chicas, porque Pedro Chicas está a su lado, escuchando aquello que tanto quiere decir, las veces que sean necesarias. Pero no puede.

Somos salvajes, porque queremos que Pedro Chicas hable, que su voz quede grabada en el vídeo, en el audio, y le disparamos una pregunta.

Entonces Pedro Chicas, con el poco aire que le permite pasar su garganta, devuelve cuatro enfáticos gemidos: 

“¡Que se haga justicia!”

Liliana Pérez, de 21 años, nuera de Pedro Chicas, se dispone a leer el testimonio de este sobreviviente, quien ha perdido la voz.

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En la casa de Orlando Márquez ya nadie está viendo el televisor. Se acabaron las carreras y la nieta de Orlando, Idalia, corretea por el patio, mientras Míriam bromea con sus invitados, porque a sus invitados se los están comiendo los jejenes.

Orlando Márquez aún no se va hacia la milpa, en donde ha dejado embalada la corta de la temporada, porque espera que le terminen de preparar la comida del siguiente día. Dice que tiene que ir a acampar porque últimamente en la zona se han estado robando las siembras.

Juan Bautista asiente, y le dice que dentro de poco él también tendrá que hacer lo mismo con su milpa, que todos los días llega a cuidar en unos terrenos que tiene cerca de El Mozote. Se lamenta también por lo caro del transporte, y rememora aquellos años, los de antes de las masacres, con un “antes no era así esto”.

En eso, Míriam Núñez se para en la puerta del cuarto y llama a Juan Bautista porque quiere enseñarle una foto. Es una fotografía viejísima, de más de 30 años. En el retrato se ve cómo eran Agustina, Edith y Yesenia antes de convertirse en los huesos que hoy están en el saco. Detrás de Míriam, los huesos de sus suegros y de sus pequeños cuñados ya están descansando de nuevo en una silla de plástico.

—El único que hace falta es don Santos y José. De ellos no tenemos fotos –dice Míriam.

En la imagen aparece una Agustina alta, blanca y de semblante serio. Su hija Edith es pequeña, pero no tanto como Yesenia. Y Yesenia me mira directo a los ojos mientras descansa para siempre en los brazos de su madre.

Míriam Núñez, esposa de Orlando Márquez, muestra un retrato de su suegra Agustina y su cuñadas Edith y Yesenia, fallecidas en la masacre del caserío El Mozote.?

*Nota de la redacción: El lunes 28 de noviembre de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera ordenó la exhumación de los restos sin rescatar bajo los cimientos de la casa de Orlando Márquez. Los forenses del Instituto de Medicina Legal no solo encontraron más restos de los padres y hermanos de Orlando, sino también los huesos de otras siete personas.

Part 7 of the Mozote Massacre Documentary

Capítulo 7. Los verdugos que nunca existieron

Domingo Monterrosa, a la derecha, junto al teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Santa Clara, San Vicente, 1983. Foto pública tomada del muro de ASVEM en Facebook

Por la calle negra que atraviesa el departamento de Morazán, patrullan hoy unos soldados que en la solapa cargan, bordado, el nombre del comandante que dirigió todas las masacres de El Mozote.

En nada tienen que ver esos soldados de hoy, con los soldados de hace 30 años. Pero mucho tienen que ver con la ironía, la burla, la demostración de poder del ahora.

“Tercera Brigada de Infantería, teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios”, se llama el regimiento que domina toda la zona oriental del país. Ese es el nombre que llevan bordado en la solapa los soldados.

Los verdugos que no existieron siempre fueron –y han sido-“héroes” para un ejército y un país que le temen verse frente al espejo de la historia.

El primero en llamarlos así fue el ministro de Defensa de aquellos días, José Guillermo García. La Prensa Gráfica reportó el 17 de diciembre de 1981, cuatro días después de finalizadas las masacres, que José Guillermo García calificaba como “verdaderos héroes” a los soldados que arriesgaban su vida en las montañas de Morazán, para librar al país de la guerrilla.

Tres años más tarde, el 23 de octubre de 1984, Domingo Monterrosa murió luego de un atentado explosivo de la guerrilla, ocurrido en el municipio de Joateca, en las montañas de Morazán. La guerrilla activó una bomba en el helicóptero en que viajaba el comandante, junto a otros oficiales, periodistas de la Fuerza Armada y unos sacerdotes castrenses. 

Un día después,  la Asamblea Legislativa declaró duelo nacional. Tres días de duelo nacional: uno, dos, tres…

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¿Sí existieron? ¿Sí existen? Los oficiales denunciados por la Comisión de la Verdad y por Tutela Legal del Arzobispado sí existen, sí existieron. La gran mayoría eran oficiales graduados con honores, expertos en guerra, entrenados en la Escuela de las Américas.

Lo que no existe, o quieren hacer creer que no existe, es un registro de las actividades realizadas por cada uno de ellos en las fechas de las masacres. Ni de ellos ni de las tropas de San Miguel, San Francisco Gotera, más los comandos del Batallón Atlacatl que lideraron las masacres.

A los militares que han dirigido a la Fuerza Armada de El Salvador, durante los últimos 30 años, sus jefes, civiles, siempre les han creído que esos archivos no existen.

Por ejemplo, el 21 de julio de 1992, el juez Federico Portillo pidió a la Presidencia de El Salvador que informara de los operativos realizados por el ejército, en los días de las masacres, en el departamento de Morazán.

En respuesta, Óscar Santamaría, entonces ministro de la presidencia del gobierno de Alfredo Cristiani, contestó:

“Al revisar el libro de registro de operaciones militares que lleva el Ministerio de Defensa, no se encontró orden militar alguna para realizar operativos militares durante el mes de diciembre de 1981 en la zona de Meanguera, departamento de Morazán, ni antecedentes de ninguna clase que se relacionen con la supuesta operación militar”.

Esa respuesta se incluyó como ejemplo, por parte del Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para rechazar los alegatos de los demandantes, quienes aseguran que no se las ha hecho justicia. El Estado salvadoreño asegura que sí, que el caso ya fue juzgado. 

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Pintada que apareció en el caserío El Mozote después de perpetrada la masacre del 11 de diciembre de 1981.

El 1 de septiembre de 1994, el juez Federico Portillo aplicó al caso de las masacres de El Mozote la ley de amnistía de 1993. Lo cerró. ¿Pero a quién aplicó la amnistía, si los militares que perpetraron las masacres nunca existieron, porque según la Fuerza Armada los archivos de esos operativos no existen? ¿A quién hizo responsables, si no había -no hay aún- forma de comprobar que los denunciados estuvieron ahí?

Aunque el operativo sí existió, los verdugos no existieron, porque alguien quiere que así sea.

Pero los denunciados sí existieron. Siguen ahí, con una vida normal. El Faro encontró a uno el pasado octubre, y aunque no quiere hablar, no niega nada acerca de las masacres.

En sus informes, Tutela Legal del Arzobispado incluyó el nombre del subteniente Luis Ángel Pérez Reyes, como comandante de una sección del Batallón Atlacatl al momento de la masacre.

Pérez Reyes llegó a coronel en su carrera militar, y ahora trabaja como gerente de la alcaldía de Santa Rosa de Lima, en La Unión. Se molestó el coronel cuando El Faro, vía telefónica, le preguntó por la masacre en la que participó. 

“No estoy interesado en hablar”, dijo el coronel. “Eso pasó hace mucho tiempo ya”, se escudó el coronel. “¡No tengo tiempo!”, gritó el coronel. “Tal vez en otro momento la llega a leer usted (mi versión) en algún libro”, terminó el coronel, antes de colgar el teléfono.

El caso de las masacres de El Mozote ya no está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino en la máxima instancia de justicia continental: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso porque el gobierno civil siempre le ha creído a sus militares, porque ni la Fiscalía ni el juez fueron a secuestrar los archivos militares de la época, en lugar de pedirlos prestados. A menos que algo diferente ocurra, las masacres de El Mozote seguirán en la impunidad. A menos que ocurra algo más que pedir perdón a las víctimas por parte del Estado.

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